El Gobierno fija en 55 euros la cancelación de la hipoteca El Ejecutivo central trata de evitar interpretaciones sobre la tarifa a cobrar en las notarías y los registros
V. R. VALENCIA
Cancelar una hipoteca en la notaría cuesta 55 euros. E inscribir el apunte correspondiente en el Registro de la Propiedad vale 24 euros. Ni uno más. El Gobierno central ha liquidado vía Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el debate interpretativo que se había abierto sobre sobre el coste de este tipo de trámites, después de las quejas recibidas por parte de las organizaciones de consumidores en el sentido de que muchos notarios estaban cobrando las cancelaciones por encima de lo debido. El Ministerio de Justicia ha establecido finalmente que la tarifa que debe aplicarse sin excepciones es la de "documento sin cuantía".
Las quejas de asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) habían comenzado a llegar desde 2007, cuando se modificó la Ley de Subrogación y Modificación de Hipotecas. Algunos notarios y registradores interpretaban que podían aplicar tarifas en función de la cuantía de la cancelación y cobraban por encima.
Sin embargo, el Colegio Notarial de Valencia lanzó un circular a partir de 2007 en la que entendía que la tarifa debía ser como de "no cuantía". Cuando algún notario ha cobrado de más la Organización de Consumidores y Usuarios se ha dirigido al Colegio para que el profesional en cuestión devolviese el dinero. "Cualquier reclamación de un particular se ha estimado y se le ha devuelto el dinero", explica César Belda, decano de los notarios valencianos.
Belda explica que la norma "no estaba clara" y había dado lugar a distintas interpretaciones. "Lo que ha hecho ahora el Gobierno es publicar un real decreto dejando claramente sentado que las cancelaciones de hipotecas son un documento sin cuantía y no se puede cobrar de más", añade. Además, los notarios tampoco podrán facturar el fax de comunicación al registro, el certificado de cargas o la información registral.
La misma situación se generaba en el caso de los registradores de la propiedad. Algunos de ellos aplicaban la cuantía en función del importe pendiente de la hipoteca antes de la cancelación. El Gobierno central, en la nueva normativa, deja claro que precisamente por tratarse de una cancelación, la cuantía del trámite es cero y por tanto los registradores no pueden fijar una tarifa superior a los 24 euros.
La OCU alertó el pasado mes de septiembre de que notarios y registradores estaban cobrando de más tras analizar 83 operaciones. Según sus cálculos en España se produjeron en 2010 algo más de 372.000 operaciones, por lo que la cantidad cobrada de forma indebida ha podido ascender a 93 millones de euros.
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Iniciado por aromademagina
