El número de asuntos que ni siquiera han sido juzgados también se ha disparado, duplicándose desde que se iniciara la crisis.
Completamente desbordados. Esta es la situación en la que se encuentran en la actualidad los juzgados de Primera Instancia de la ciudad tras casi cuatro años de crisis. Los jueces y los sindicatos vienen denunciando una realidad que se demuestra con los datos estadísticos. Estos no sólo hacen evidente el aumento de casos ingresados y pendientes de resolver, sino también la gran cantidad de sentencias que no se han podido hacer cumplir: unas 5.000 por año, lo que hace que en total ya sumen 37.498 asuntos.
¿Qué quieren decir estos datos? Pues que en los 22 juzgados de Primera Instancia hay 37.498 personas o entidades esperando que una sentencia firme, tras un proceso judicial, se haga cumplir. Todos son casos de impagos, deudas, embargos o desahucios, entre otros, que se han disparado como consecuencia de la crisis económica. Desde 2007 en Sevilla sólo se ha creado un juzgado más de este tipo, pese al brutal incremento de trabajo. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el segundo trimestre de este año estos juzgados recibieron 9.203 asuntos nuevos, frente a los 7.093 que ingresaron en los mismos meses de 2007, un 30% más.
Esta situación está provocando que cada órgano judicial acumule cada vez más casos pendientes, que ni siquiera han llegado a ser juzgados o resueltos por el magistrado. Los mismos datos indican que de los 18.282 casos con los que se cerró el primer semestre de 2007 se ha pasado a los 33.161 de este año. Y eso que los jueces están siendo capaces de tramitar más asuntos que hace cuatro años, pues los magistrados han resuelto 2.634 casos más en entre mayo y junio de este año que en 2007, lo que quiere decir que están trabajando muy por encima de lo que establece el módulo del CGPJ. Esto quiere decir que el número de casos pendientes de un juicio casi se ha duplicado como consecuencia de la crisis, al haber más personas que se ven obligados a recurrir a la Justicia para poder cobrar una factura o una deuda. Sin hablar de los cada vez más habituales desahucios ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la vivienda.
Pero el atasco judicial no sólo se aprecia en la entrada de asuntos y en los que se almacenan esperando una respuesta, sino que tras ser resueltos por el juez la ejecución de la sentencia, es decir, el hacerla cumplir, también se ve ralentizada. El problema es, por un lado, la evidente falta de tiempo para poder atender el incremento de casos -y por tanto de juicios-; pero, por otro, también las complicaciones para recaudar lo impuesto en la sentencia por la falta de liquidez de los condenados. Los magistrados se están encontrando que en muchos casos para poder hacer efectivo el pago de una deuda, por ejemplo, tienen que recurrir al embargo de inmuebles porque la persona condenada no tiene forma de hacerle frente.
Esto demora el proceso de ejecución, que puede llegar a hacerse imposible en muchos casos. Sin embargo, estos juzgados no son los únicos que se están encontrando con este problema, sino también los juzgados de lo Social (en este caso con empresas que no pueden pagar indemnizaciones por despido a sus trabajadores o por salarios impagados) o los de lo Penal, si imponen una multa y el pago de indemnizaciones a un condenado.
Es fácil darse cuenta de que tras este espectacular aumento está la crisis económica, pues las cifras de 2007 y 2008 se mantuvieron más o menos estables, disparándose entre ese último año y 2009. Así, comparando el segundo trimestre de 2007 y 2008 el incremento de asuntos pendientes fue de 1.276. Sin embargo, si la comparación la hacemos entre 2008 y 2009, se acumularon 6.588 casos más sin resolver. Entre 2009 y 2010 fueron 4.819 más, y ya entre 2010 y 2011 el aumento fue de 2.196 casos. Unas cifras que dejan claro que los peores momentos de la crisis fueron durante 2008 y 2009.
Lo mismo ocurre con las sentencias sin cumplir. Si el segundo trimestre de 2007 se cerró con 20.722, este año se ha llegado a 37.498, es decir, 16.776 más. Un 80% más. Y es que mientras que entre 2007 y 2008 se sumaron 1.783 ejecutorias más, entre 2008 y 2009 la cifra se disparó a 5.077 más. Un aumento que se ha mantenido en los años siguientes hasta la actualidad.
La situación de estos órganos ya ha sido denunciada varias veces por el sindicato mayoritario en Justicia, CSI-CSIF, que considera "necesaria" la creación de nuevos juzgados. El propio decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, también solicitó la puesta en marcha de más juzgados de Primera Instancia. Según su informe anual de 2010, para ajustarse al módulo de trabajo establecido por el CGPJ (ya el año pasado se estaba trabajando con una desviación del 159%) sería necesario crear "28 juzgados de esta clase para ajustar la entrada de asuntos".
Sin embargo, consciente "de la actual crisis económica que ha motivado este importante aumento del número de asuntos en los años 2009 y 2010, deberían crearse al menos diez y adoptar medidas temporales de refuerzo mientras tanto subsista la crisis económica y financiera que padece nuestro país". Al final, no se ha creado ninguno.
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