el gobierno legisla mas rápido para los podrosos que para las demandas sociales
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El 14 de marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró abusiva la aplicación de la ley española sobre desahucios. Concretamente, sobre el caso de Mohamed Aziz contra Caixa Catalunya. Pero la sentencia iba más allá, porque sirve de precedente para cualquier juicio en nuestro país.
La cuestión prejudicial la había planteado el mismo juez que no pudo detener el desahucio de Aziz, el titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, que pretendía aclarar si la normativa española entraba en los parámetros de la comunitaria.
El juez Seijo explica ahora que, pese al éxito y el "impacto emocional" que representó esta sentencia, casi un año después, Aziz no ha podido regresar aún a su casa, las reclamaciones por cláusulas abusivas que llegan a los juzgados se han incrementado notablemente y el Gobierno, "a dos velocidades a la hora de legislar", según convenga a los lobbies económicos o los intereses sociales, ha impulsado una "ley de mínimos" frente a las reformas de calado exigidas desde Europa.
¿Cuál es actualmente la situación de Mohamed Aziz?
Una de las paradojas del 'caso Aziz' es que el señor Aziz, que da nombre al procedimiento y que es su principal impulsor, todavía no se ha visto beneficiado por las reformas. Yo le di la razón, pero la entidad financiera recurrió y el recurso todavía no se ha resuelto. Por lo tanto, aún no ha dado solución al problema de la pérdida de su casa. Cuando se resuelva el recurso, recuperaré el procedimiento y, si me confirman todo lo que he hecho hasta ahora, tendremos que devolverle la vivienda.
¿Qué ha supuesto esa sentencia para el resto de familias en riesgo de desahucio?
A raíz de la sentencia, el Gobierno se vio obligado a hacer un cambio legislativo urgente. La ley 1/2013, de 14 de mayo, modificó por completo el sistema de ejecución hipotecaria y, por lo menos, ha mejorado los instrumentos de defensa de las familias. Pero, sobre todo, se ha producido un impacto más emocional que ha permitido a los jueces constatar que tienen más instrumentos para la defensa de los consumidores.
La sentencia del tribunal europeo ha tenido el efecto emocional de decir que los márgenes del derecho español eran muy rígidos y que, aplicando el derecho comunitario, podría haber una mejor protección. Aunque el problema no se ha solucionado, porque la crisis económica sigue instalada en las familias, por lo menos han podido retrasar y eliminar cláusulas abusivas de los contratos.
¿Tienen ahora los jueces más margen de maniobra?
Ha permitido abrir mucho las barreras y ver que el derecho no es rígido y se pueden hacer más cosas.
¿Con la llamada ley antidesahucios se ajusta el marco legal a los requerimientos europeos?
No, no. La ley española es una ley de mínimos. El tribunal de justicia exigía que hubiera unas reformas de más calado y, de hecho, después de la cuestión prejudicial se han planteado nuevas cuestiones sobre las que el tribunal ha tenido que hacer pronunciamientos. Estamos como los niños, en evaluación permanente.
"El señor Aziz, que da nombre al procedimiento y es su principal impulsor, aún no se ha visto beneficiado por las reformas"
¿Hay intención política por amoldarse a la normativa comunitaria?
Poco a poco, sí. Es verdad que, a raíz de las sentencias que se están produciendo, se han producido cambios legislativos. En el mes de septiembre ya hubo una reforma importante en la Ley de Emprendedores, que permitía también el perdón de algunas deudas.
Cuesta mucho porque el Gobierno tiene dos velocidades a la hora de legislar. Cuando les presionan los lobbies económicamente poderosos, cambian las leyes en una semana o en 15 días y, en cambio, cuando se trata de demandas sociales va mucho más lento.
Desde que se hizo pública la sentencia, ¿ha aumentado el número de reclamaciones por cláusulas abusivas?
Sí. En los juzgados civiles ha habido un incremento sustancial de los procedimientos de tutela de los consumidores, y ahora mismo están llenos de este tipos de demandas. No hay una estadística por materias, porque el año pasado, como el Gobierno introdujo las tasas judiciales, se produjo una reducción de la litigiosidad. No obstante, en mi juzgado el incremento ha sido del 300% respecto al año 2012. Sólo en Barcelona estamos hablando de más de 150 reclamaciones semanales.
La moratoria de dos años –hasta el próximo 14 de noviembre– para los desahucios, ¿es una ayuda a los afectados o sólo alarga su agonía?
Hay un problema estructural. La crisis sigue instalada y mucha gente compró vivienda a unos precios desorbitados. Ahora el mercado no tiene capacidad para comprar esos pisos y, a la vez, entre el paro y la bajada de salarios, cada vez hay menos recursos. El problema es fruto de la economía española en la crisis y va a persistir. La gente sigue sin tener dinero para pagar sus hipotecas. La moratoria, probablemente, se tendrá que prorrogar.
No creo que en noviembre de 2014 la clase media española esté en mejor situación económica para hacer frente a los pagos. Además, los intereses siguen corriendo, por lo que muchas personas que se acogieron a esa moratoria se pueden encontrar cuando acabe con que deben más dinero del que debían hace dos años y además continúan con el problema de que no pueden pagarlo.
Desde el Gobierno se ha impulsado un código de buenas prácticas bancarias al que las entidades pueden acogerse, si quieren. Desde las plataformas antidesahucios afirman que tampoco ésta será la solución.
Al final se ha demostrado que es una herramienta insuficiente. Hay tantos requisitos y tantos papeles que rellenar que, por desgracia, muy pocas familias se pueden acoger a los derechos que defiende ese código.
Conozco el caso de un chico que pidió un préstamo hipotecario, se quedó en situación de desempleo, no lo puede pagar y cumple todos los requisitos del código de buenas prácticas. Pero, como su madre le había avalado, el banco le dice: "Como su madre es solvente y tiene otro piso, no le podemos aplicar el código de buenas prácticas porque en su entorno familiar hay gente que tiene dinero".
El código fue un brindis al sol de cara a la galería, pero no es eficaz. Además, la mayoría de las entidades financieras han vendido los riesgos hipotecarios a fondos de inversión y a banca extranjera, ajena al código de buenas prácticas.
La Constitución reconoce el 'derecho a una vivienda digna' pero, cuando se ejecuta un desahucio, ¿qué mecanismos articula el Estado para que una familia no se quede literalmente en la calle?
Por desgracia, al haberse desmantelado todas las políticas sociales de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, ninguno. Por eso algunos jueces han empezado a dictar una resolución por la cual suspenden el lanzamiento hasta que los poderes públicos no garanticen una vivienda digna a los afectados.
